
El Gobierno nacional aplicó un recorte superior a los $78.000 millones sobre partidas vinculadas al sistema educativo, en el marco de la política de ajuste fiscal impulsada por la administración de Javier Milei.
Según un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Educación sufrió una reducción neta de $78.711 millones, equivalente al 1,2% de su presupuesto vigente.
El análisis de la ejecución presupuestaria muestra que el principal ajuste impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones, lo que representó una caída del 5,9% de sus fondos.
Otro de los programas más afectados fue el de infraestructura y equipamiento escolar, que registró una reducción de $21.687 millones. Según el informe, la poda equivalió al 46,6% de las partidas asignadas originalmente.
También se redujo el Fondo de Compensación Salarial Docente, con una baja de $8.930 millones, equivalente al 33,8% de su presupuesto.
En el área de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, el ajuste alcanzó los $6.650 millones, mientras que las actividades centrales de la Secretaría de Educación tuvieron una reducción de $4.768 millones.
El informe además registró recortes en programas de información y evaluación de la calidad educativa, innovación y desarrollo de formación tecnológica y formación docente.
En el caso del programa de gestión y asignación de becas estudiantiles, la reducción presupuestaria fue marginal y alcanzó los $2 millones.
El ajuste también tuvo impacto sobre el sistema universitario. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufrió una reducción de $32 millones, equivalente al 0,6% de su presupuesto.
Además, dentro del esquema de Obligaciones a Cargo del Tesoro, el Gobierno aplicó una quita de $48.000 millones sobre la asistencia financiera destinada a empresas públicas y otros entes dependientes de la Secretaría de Educación.
Según ASAP, esa reducción representó una caída del 47,9% en el financiamiento indirecto destinado a distintos organismos vinculados al sector educativo.
Por otra parte, el programa de Cooperación e Integración Educativa Internacional tuvo una disminución de $9 millones, mientras que Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales perdió $55 millones.